En el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2025 y la discusión de la partida del Ministerio de Educación, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó que los estudiantes que cursen 3ro y 4to medio y hayan sido sancionados bajo la Ley Aula Segura no puedan optar al beneficio de gratuidad durante su eventual llegada a la educación superior. Cabe recordar que la Ley Aula Segura establece el deber de los directores de los establecimientos de iniciar los procesos sancionatorios contra cualquier miembro de la comunidad escolar, sean menores o adultos, por conductas graves o gravísimas, según su reglamento y la respectiva acreditación de los hechos. ¿Qué detalla el proyecto? Los estudiantes que hayan sido sancionados por conductas gravísimas de violencia durante los dos últimos años de educación media, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones que produzcan lesiones; uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, no tendrán derecho al beneficio de gratuidad universitaria durante el año siguiente a su egreso, menciona la indicación aprobada. Reacciones parlamentarias Para los diputados gremialistas, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, es “fundamental” poder prohibir beneficios para la educación superior a los estudiantes sancionados por la denominada Aula Segura.“Es absolutamente inaceptable e incoherente que un estudiante que ha sido sancionado por cometer este tipo de actos durante la etapa escolar, al siguiente año pueda acceder a la gratuidad en la educación superior, siendo financiada con los impuestos de todos los chilenos”, indicaron. Por su cuenta, el congresal del Partido Comunista (PC) Boris Barrera, se manifestó en contra de la indicación que ya había sido aprobada en la comisión mixta especial. “Esto plantea serias preocupaciones, ya que no sólo es contraproducente, sino que profundiza los problemas que ya enfrentan estos jóvenes, en lugar de ofrecer soluciones efectivas [...] es un castigo desproporcionado'', fustigó. Con todo, la propuesta fue aprobada con 76 votos a favor, 3 abstenciones y 53 en contra, avanzando a su segundo trámite constitucional en el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la creación de una comisión especial investigadora para examinar los actos del Gobierno relacionados con los convenios y programas de la Fundación ProCultura, ejecutados con fondos públicos desde 2019. Esta decisión surge tras un peritaje de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), que identificó cinco abonos realizados por la ex primera dama, Irina Karamanos, a la fundación. Ante esto, la diputada Ximena Ossandón, jefa de la bancada de Renovación Nacional y principal impulsora de la iniciativa, subrayó la relevancia de investigar a fondo este caso, señalando que las cifras involucradas podrían implicar millonarias pérdidas para el Fisco. “Las fundadas sospechas de que se habrían desviado recursos públicos para el financiamiento irregular de campañas políticas afectan la credibilidad del sistema político y deben ser abordadas sin colores partidistas”, afirmó Ossandón. Finalmente, la diputada criticó la falta de urgencia por parte de la Fiscalía en el manejo de esta causa, evidenciando meses de inacción a pesar de la gravedad de los hechos y de las cuantiosas cifras involucradas. “Queremos llegar al final de esta investigación y despejar cualquier duda que afecte incluso al Presidente de la República”, concluyó, enfatizando la necesidad de una pronta resolución.
Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la segunda acusación constitucional contra Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, quien ya había sido destituida por el pleno del máximo tribunal chileno. Con 131 votos a favor, una abstención y sin votos en contra, el libelo aprobado busca inhabilitar a Vivanco de ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años. Este es el segundo proceso que enfrenta Vivanco en el Congreso. La semana pasada, el mismo cuerpo legislativo había aprobado una primera acusación, impulsada por el oficialismo, que también involucraba al juez Sergio Muñoz. Aunque ambas acusaciones podrían tener consecuencias similares, la reciente remoción de Vivanco por parte de la Corte Suprema deja como única sanción la prohibición de ocupar cargos públicos en el futuro. El caso ha generado gran polémica, particularmente por las revelaciones que la vinculan con el abogado Hermosilla. Según los diputados, Vivanco habría compartido información sensible sobre casos relacionados con Carabineros y las Fuerzas Armadas, cuando Hermosilla trabajaba en el Ministerio del Interior. Además, se le acusa de haber colaborado con él para influir en el nombramiento de miembros de la Corte Suprema y de recibir recomendaciones para la organización de una sala en la corte. Asimismo, está siendo investigada por presuntas irregularidades en la denominada trama Muñeca Bielorrusa, un conflicto que involucra a Codelco y una empresa extranjera.
En una extensa sesión, la Cámara de Diputadas y Diputados declaró admisible la acusación constitucional presentada contra los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. La votación arrojó 97 votos a favor, 25 en contra y 20 abstenciones, por lo que la moción avanzará al Senado para continuar con su discusión y tramitación. Cabe destacar que el pleno de la Cámara ya había rechazado la cuestión previa de la acusación, lo que permitió que la discusión llegara al fondo. La jornada estuvo marcada por el debate sobre si la acusación debía votarse en conjunto o por separado, dado que ambos ministros enfrentan cargos por causas distintas pero en un mismo libelo. En el caso de Ángela Vivanco, la acusación fue impulsada por la bancada de Renovación Nacional (RN) por presuntas intromisiones y concertaciones con el abogado Luis Hermosilla en causas y nombramientos del Poder Judicial. Mientras tanto, Sergio Muñoz enfrenta una acusación presentada por diputados de RN, la UDI y Evópoli por notable abandono de deberes . La moción sigue su curso hacia el Senado, donde se definirá el futuro de los ministros.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el veto presidencial, permitiendo que el Congreso despachara el proyecto de ley que establece que las elecciones municipales y regionales de octubre de 2024 se llevarán a cabo en dos días: el sábado 26 y el domingo 27 de octubre. Aunque había consenso en realizar las elecciones en dos días, la oposición y el oficialismo tuvieron discrepancias sobre varios puntos, como la multa para quienes no acudan a votar, el feriado durante el día de elecciones y la regulación de las campañas electorales en redes sociales. En las próximas elecciones, los ciudadanos y ciudadanas votarán por alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales, por lo que se anticipa que los tiempos de votación serán más largos de lo habitual. El Gobierno de Gabriel Boric introdujo algunas modificaciones al proyecto, como la eliminación de la ley seca que prohibía la venta de alcoholes el día de las elecciones, medida que ya había sido aprobada por el Congreso. Uno de los puntos más controvertidos era la multa para quienes no voten, dado que el voto es obligatorio. Finalmente, el Congreso aprobó una multa de 33 mil pesos para quienes no acudan a votar, incluyendo a los extranjeros con derecho a voto en Chile. Además, el Parlamento acordó que el domingo 27 de octubre será feriado para el comercio, mientras que el sábado 26 de octubre no lo será, permitiendo la atención en establecimientos comerciales. El proyecto también incluye la regulación de las campañas políticas en redes sociales, un tema que generó desacuerdos entre los legisladores pero que fue resuelto con esta aprobación.
En el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2025 y la discusión de la partida del Ministerio de Educación, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó que los estudiantes que cursen 3ro y 4to medio y hayan sido sancionados bajo la Ley Aula Segura no puedan optar al beneficio de gratuidad durante su eventual llegada a la educación superior. Cabe recordar que la Ley Aula Segura establece el deber de los directores de los establecimientos de iniciar los procesos sancionatorios contra cualquier miembro de la comunidad escolar, sean menores o adultos, por conductas graves o gravísimas, según su reglamento y la respectiva acreditación de los hechos. ¿Qué detalla el proyecto? Los estudiantes que hayan sido sancionados por conductas gravísimas de violencia durante los dos últimos años de educación media, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones que produzcan lesiones; uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, no tendrán derecho al beneficio de gratuidad universitaria durante el año siguiente a su egreso, menciona la indicación aprobada. Reacciones parlamentarias Para los diputados gremialistas, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, es “fundamental” poder prohibir beneficios para la educación superior a los estudiantes sancionados por la denominada Aula Segura.“Es absolutamente inaceptable e incoherente que un estudiante que ha sido sancionado por cometer este tipo de actos durante la etapa escolar, al siguiente año pueda acceder a la gratuidad en la educación superior, siendo financiada con los impuestos de todos los chilenos”, indicaron. Por su cuenta, el congresal del Partido Comunista (PC) Boris Barrera, se manifestó en contra de la indicación que ya había sido aprobada en la comisión mixta especial. “Esto plantea serias preocupaciones, ya que no sólo es contraproducente, sino que profundiza los problemas que ya enfrentan estos jóvenes, en lugar de ofrecer soluciones efectivas [...] es un castigo desproporcionado'', fustigó. Con todo, la propuesta fue aprobada con 76 votos a favor, 3 abstenciones y 53 en contra, avanzando a su segundo trámite constitucional en el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la creación de una comisión especial investigadora para examinar los actos del Gobierno relacionados con los convenios y programas de la Fundación ProCultura, ejecutados con fondos públicos desde 2019. Esta decisión surge tras un peritaje de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), que identificó cinco abonos realizados por la ex primera dama, Irina Karamanos, a la fundación. Ante esto, la diputada Ximena Ossandón, jefa de la bancada de Renovación Nacional y principal impulsora de la iniciativa, subrayó la relevancia de investigar a fondo este caso, señalando que las cifras involucradas podrían implicar millonarias pérdidas para el Fisco. “Las fundadas sospechas de que se habrían desviado recursos públicos para el financiamiento irregular de campañas políticas afectan la credibilidad del sistema político y deben ser abordadas sin colores partidistas”, afirmó Ossandón. Finalmente, la diputada criticó la falta de urgencia por parte de la Fiscalía en el manejo de esta causa, evidenciando meses de inacción a pesar de la gravedad de los hechos y de las cuantiosas cifras involucradas. “Queremos llegar al final de esta investigación y despejar cualquier duda que afecte incluso al Presidente de la República”, concluyó, enfatizando la necesidad de una pronta resolución.
Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la segunda acusación constitucional contra Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, quien ya había sido destituida por el pleno del máximo tribunal chileno. Con 131 votos a favor, una abstención y sin votos en contra, el libelo aprobado busca inhabilitar a Vivanco de ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años. Este es el segundo proceso que enfrenta Vivanco en el Congreso. La semana pasada, el mismo cuerpo legislativo había aprobado una primera acusación, impulsada por el oficialismo, que también involucraba al juez Sergio Muñoz. Aunque ambas acusaciones podrían tener consecuencias similares, la reciente remoción de Vivanco por parte de la Corte Suprema deja como única sanción la prohibición de ocupar cargos públicos en el futuro. El caso ha generado gran polémica, particularmente por las revelaciones que la vinculan con el abogado Hermosilla. Según los diputados, Vivanco habría compartido información sensible sobre casos relacionados con Carabineros y las Fuerzas Armadas, cuando Hermosilla trabajaba en el Ministerio del Interior. Además, se le acusa de haber colaborado con él para influir en el nombramiento de miembros de la Corte Suprema y de recibir recomendaciones para la organización de una sala en la corte. Asimismo, está siendo investigada por presuntas irregularidades en la denominada trama Muñeca Bielorrusa, un conflicto que involucra a Codelco y una empresa extranjera.
En una extensa sesión, la Cámara de Diputadas y Diputados declaró admisible la acusación constitucional presentada contra los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. La votación arrojó 97 votos a favor, 25 en contra y 20 abstenciones, por lo que la moción avanzará al Senado para continuar con su discusión y tramitación. Cabe destacar que el pleno de la Cámara ya había rechazado la cuestión previa de la acusación, lo que permitió que la discusión llegara al fondo. La jornada estuvo marcada por el debate sobre si la acusación debía votarse en conjunto o por separado, dado que ambos ministros enfrentan cargos por causas distintas pero en un mismo libelo. En el caso de Ángela Vivanco, la acusación fue impulsada por la bancada de Renovación Nacional (RN) por presuntas intromisiones y concertaciones con el abogado Luis Hermosilla en causas y nombramientos del Poder Judicial. Mientras tanto, Sergio Muñoz enfrenta una acusación presentada por diputados de RN, la UDI y Evópoli por notable abandono de deberes . La moción sigue su curso hacia el Senado, donde se definirá el futuro de los ministros.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el veto presidencial, permitiendo que el Congreso despachara el proyecto de ley que establece que las elecciones municipales y regionales de octubre de 2024 se llevarán a cabo en dos días: el sábado 26 y el domingo 27 de octubre. Aunque había consenso en realizar las elecciones en dos días, la oposición y el oficialismo tuvieron discrepancias sobre varios puntos, como la multa para quienes no acudan a votar, el feriado durante el día de elecciones y la regulación de las campañas electorales en redes sociales. En las próximas elecciones, los ciudadanos y ciudadanas votarán por alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales, por lo que se anticipa que los tiempos de votación serán más largos de lo habitual. El Gobierno de Gabriel Boric introdujo algunas modificaciones al proyecto, como la eliminación de la ley seca que prohibía la venta de alcoholes el día de las elecciones, medida que ya había sido aprobada por el Congreso. Uno de los puntos más controvertidos era la multa para quienes no voten, dado que el voto es obligatorio. Finalmente, el Congreso aprobó una multa de 33 mil pesos para quienes no acudan a votar, incluyendo a los extranjeros con derecho a voto en Chile. Además, el Parlamento acordó que el domingo 27 de octubre será feriado para el comercio, mientras que el sábado 26 de octubre no lo será, permitiendo la atención en establecimientos comerciales. El proyecto también incluye la regulación de las campañas políticas en redes sociales, un tema que generó desacuerdos entre los legisladores pero que fue resuelto con esta aprobación.
